El abogado Ariel Salavarría, quien pretendía ser candidato a intendente de Icaño por Juntos por el Cambio, había denuncia irregularidades en el padrón de esa localidad y junto a la concejal Ivana Ferreyra (Frente de Todos) habían pedido una suspensión temporal de las elecciones PASO hasta que se solucione esa denuncia.

Al mismo tiempo, el diputado nacional Rubén Manzi (CC-Ari), precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, denunció públicamente irregularidades en Tapso (El Alto) y Recreo (La Paz).

Estas denuncias ocurrieron en el marco de la novedad para la Justicia Federal de Catamarca, y fue que por primera vez se avanzó sobre la posibilidad de eliminar del padrón y devolver al antiguo lugar de votación a personas que habían hecho cambios de domicilio sospechosos.

En Bañado de Ovanta, Municipalidad de Santa Rosa, detectaron 250 casos de irregularidades con personas que en su mayoría tenían domicilio y habían votado el año pasado en Santiago del Estero, tras una denuncia que incluía 600 personas en situación “llamativa”. Además, en el departamento Antofagasta de la Sierra detectaron otras 90 personas que no residían realmente en los domicilios que tenían registrados, pero en este caso el trámite se había hecho por cuestiones laborales, debido al crecimiento de la industria minera de litio.

El diputado Manzi fue el único precandidato a gobernador de la oposición que se expresó sobre el tema y pidió a la Justicia que repita la tarea realizada en Santa Rosa y Antofagasta de la Sierra en los distritos de Icaño, Fiambalá, Tapso y Recreo, y advirtió que en total “hay 2500 casos”.

“La Justicia tiene que actuar porque esto es un fraude. Probablemente para alguien de la Ciudad de Buenos Aires este número no significa nada, pero para nosotros que conocemos nuestras realidades sabemos que esto puede significar un intendente más o menos, un senador más o menos, un diputado más o menos”, reclamó.

Sin embargo, sin entrar en confrontación política, el director del Registro Civil de Catamarca, Rodolfo Herrera, desestimó las denuncias con un informe de su organismo respecto de los cambios de domicilio de los últimos ocho meses tomados del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), desde septiembre de 2022 a abril de 2023, fecha de corte en el cronograma electoral. En esos ocho meses, dijo, se registraron apenas 367 cambios de domicilio entre cuatro de los principales distritos denunciados, algo que a su criterio “responde a parámetros de normalidad”.

“Los números oficiales responden a parámetros absoluta normalidad, que pueden ser cambios de domicilio por cuestiones laborales, de vivienda, entre otras. Es claro que no tiene que ver con una cuestión electoral, y están muy lejos de lo que trascendió públicamente. No es una locura que en ocho meses hayan hecho estos cambios por cuestiones laborales, por ejemplo. La actividad minera en Fiambalá, por ejemplo, es una realidad”, opinó el director a medios locales.

Además, advirtió que el trámite de cambio de domicilio no puede impedirse, ya que solo es necesaria la voluntad de la persona de registrar un domicilio.

El juez federal con competencia electoral, Miguel Contreras, se refirió a las críticas del abogado Salavarría y recordó que la denuncia presentada por este “no puede ser atendida por ser extemporánea, en tanto que el plazo para presentarlas según el cronograma de la Cámara Nacional Electoral venció el 19 de mayo”.

Además dijo que su escrito “carece de la fundamentación mínima y se trata de alegación puramente retórica, que ni siquiera se basa en un indicio serio y objetivo”.

De igual modo, Contreras detalló en su respuesta que el Juzgado realizó una verificación de oficio a los padrones de este año, confeccionados con el corte realizado en abril, y los comparó con los padrones de 2021.

Allí comprobó que en Icaño el incremento de electores fue de 157 personas entre una elección y otra. “Este incremento no solo en principio es normal, porque incluye a los nuevos ciudadanos que votan por primera vez, sino que comporta una cifra muy alejada a los 800 supuestos infractores que se pretenden impugnar como nuevos empadronados”, remarcó el juez a la hora de rechazar el planteo.

En el caso de Santa Rosa y Antofagasta de la Sierra, donde sí se realizaron depuraciones al padrón, las denuncias fueron presentadas antes del 19 de mayo y por ese motivo se realizaron las revisiones correspondientes.

Esta semana se sumó una nueva denuncia por 149 cambios de domicilio irregulares en Fiambalá, donde la elección de 2021 se definió por 11 votos. ¿Se rechazará también por extemporánea? El próximo 14 de julio se conocerán los padrones definitivos.