Además, Jalil puso en garantía los recursos de la Coparticipación Federal y una vez logrado el crédito, que podría ser en septiembre, pide un plazo de gracia de al menos seis meses y lo pagaría en cuotas durante tres años: para que le toque pagarlo, debe ganar las elecciones de octubre y retener el poder.

La oposición cuestionó duramente esta iniciativa. Uno de los precandidatos a gobernador de JPC, Rubén Manzi, aseguró que Raúl Jalil y sus ministros “están cometiendo un ilícito y es llamativo que se lo haga en medio de una campaña política”.

“Constitucionalmente, un empréstito de estas características tiene que ser aprobado por las dos Cámaras porque así funciona la democracia y así deben funcionar los gobiernos que administran los recursos con transparencia. Lo que se pretende en este caso es endeudar a la provincia de Catamarca y a sus ciudadanos mediante un préstamo contraído sin consenso ni debate de ningún tipo, sin especificación alguna del destino del dinero a utilizarse y contraria a todo mecanismo constitucional”, criticó Manzi, que fue de los primeros en reaccionar a la medida.

El precandidato a diputado nacional Enrique Cesarini también se mostró sorprendido y adelantó que desde la oposición pedirán informes para conocer cuál es el objetivo de ese crédito. En esa línea recordó que “Catamarca es una de las provincias que más ATN está recibiendo y tiene un acompañamiento permanente del Gobierno nacional”.

Por su parte, la diputada Juana Fernández ironizó respecto de los ingresos de la Provincia, y consideró que “se ve que con los recursos del litio y la minería no alcanza, y que la ayuda nacional tampoco era tan generosa”.

Para el otro precandidato a gobernador de JPC, Flavio Fama, la toma del crédito no es ilegal en sí, sino que es “inoportuna” y aseguró que la gestión de Jalil tiene ingresos por intereses de plazos fijos colocados de casi 7 mil millones.

"Es cierto que es legal tomar el préstamo y que está contemplado la ley de Presupuesto, pero carece de legitimidad y es inoportuno en este momento donde puede haber un cambio de gobierno en pocos meses", remarcó Fama. “Con suerte el préstamo le será otorgado en septiembre de este año. ¿Para qué quiere Jalil 10 mil millones un mes antes de las elecciones? Debería explicarlo. La democracia tiene reglas y una de esas es el control opositor. Jalil se olvida que es gobernador y no empresario. Esto no es una empresa, los recursos son de todos los catamarqueños”, reclamó el también senador nacional.

“¿Por qué no explica que la Provincia tuvo ingresos por más de 6800 millones de pesos provenientes de intereses cobrados? Para que la gente entienda mejor, son renta de colocaciones financieras y desconocemos cuánto y dónde puso el Gobierno para recibir semejante monto”, reclamó Fama, en sintonía con el reclamo de otros dirigentes de su espacio que ya acusaron al Ejecutivo de participar de la “especulación financiera”.

De hecho, su compañero de fórmula como precandidato a vicegobernador, Hugo Ávila, afirmó que el pedido del crédito “desnuda la falacia y la mentira del relato de la supuesta solidez económica que tendría la provincia de Catamarca”. “Si estamos tan bien, no tendríamos porqué salir al mercado de capitales a pedir prestado 10 mil millones de pesos para endeudarnos en moneda nacional o extranjera”, reclamó y advirtió que hay un “grave peligro de que Jalil se vaya del gobierno dejando a la provincia endeudada en dólares”.

El propio Jalil se defendió de las críticas y dijo que el crédito “está aprobado por presupuesto” y le recordó a la oposición que el destino del dinero “está en la misma ley de presupuesto”. “El dinero se va a usar para seguir construyendo futuro”, dijo en un acto.

La única que a respaldarlo fue la diputada María Argerich, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y que además no se presenta como candidata a nada en este turno. Argerich explicó que la toma del crédito está fundamentada en el artículo 30 de la Ley de Presupuesto de la Provincia, y que incluso se autorizó a la Provincia a tomar un crédito por una cifra mayor: hasta 19.813 millones de pesos.

“Quienes tenemos la responsabilidad de legislar sabemos que la deuda va a ser utilizada para gastos de capital en obras fundamentales para el crecimiento de nuestra provincia, ya que fue una ley que primero trabajamos en la Comisión de Hacienda y Finanzas y luego debatimos y aprobamos en el recinto y en consecuencia toda la oposición debería conocer. Hablar tan livianamente de ilegalidad no es solo nefasto, sino que muestra justamente el desconocimiento que tienen algunos actores de la política que están en campaña. Los dirigentes de la oposición participaron del debate en la comisión y en el recinto, tienen las planillas y pueden conocer las obras en las que se utilizará el dinero. Las cuentas están equilibradas, no se pone en riesgo el futuro de nadie. Es una herramienta más que no es ilógico que el Ejecutivo decida tomar, porque están todas los derechos y las garantías cubiertas”, justificó.

El próximo viernes se conocerán cuáles son las ofertas de financiamiento y ante qué organismos. Mientras tanto, la campaña continúa.