El más emblemático de estos tres casos es el de Elpidio Guaraz: intendente de Santa Rosa desde 2007, enfrentó ante la Justicia y en la opinión pública cientos de denuncias por abuso de autoridad, persecución a empleados e incluso peleas con transportistas y hasta reclamos en media de las restricciones del Covid-19 en plena Pandemia.

Pero el colmo llegó cuando fue imputado por dos denuncias realizadas por mujeres: una joven, que fuera su pareja, lo denunció por privación ilegítima de la libertad y por abuso sexual; y una comerciante lo denunció por abuso de autoridad al asegurar que le inhabilitaron la actividad por negarse a las propuestas indecentes del jefe comunal.

A mediados de 2021, Guaraz fue denunciado por una joven que viajó desde Santa Rosa hasta la Capital para denunciarlo en sede judicial por “abuso sexual”.

Según relató, Guaraz no le permitía salir de su casa. Pero Guaraz se presentó en la Justicia y se puso a disposición. Aseguró que la causa era motorizada por “intereses políticos que quieren voltearlo” y reconoció que con la joven, menor de 18 años, él tenía una relación.

“Fue mi pareja durante un tiempo largo, luego nos distanciamos y aparentemente eso le ha caído muy mal a ella. Todo el mundo, el pueblo de Bañado de Ovanta, el departamento Santa Rosa sabe cómo fue mi trato con ella que fue excelente, la cuidaba, la respetaba, tenía todo lo que ella necesitaba. Tan es así que su madre, abuela, hermanos y hermanas salieron a favor mío porque ellos conocen cual fue la situación. Por eso yo tengo mucha fe en la justicia porque no hice nada malo”, dijo por entonces.

Luego lo denunciaría Shirli Cordero, dueña de un hospedaje y playa de estacionamiento en Bañado de Ovanta, quien aseguró que tuvo trabas para lograr la habilitación para que funcione el comercio porque pesaba sobre ella una clausura, que Guaraz se negaba a levantar porque ella no aceptó salir con él. Lo denunció por acoso sexual. Ninguna de las causas llegó a juicio, y siguen en situación de apelaciones.

Franco Carletta es intendente de Icaño desde 2021 y heredó el cargo de su padre, Pío Carletta. Llegó allí por ser el presidente del Concejo Deliberante, cuando su padre dejó el cargo a mitad del mandato para asumir como senador por el departamento La Paz. Hoy busca continuar en la Intendencia, mientras enfrenta una causa por abuso sexual contra su ex esposa y por golpes contra su hija.

La ex esposa lo denunció en el 2019 por abusar sexualmente de ella cuando ya estaban separados de hecho. Esa denuncia comenzó a ser instruida en Córdoba, lugar donde ella residía, y fue desestimada un año después por la Fiscalía de Recreo, en Catamarca.

Sin embargo, la ex esposa hizo un planteo y se habilitó nuevamente la causa este año. La otra denuncia fue radicada por la madre de la niña en 2018. En ese momento relataba que sus hijas de 7 y 10 años habían pasado un fin de semana con su padre, pero cuando regresaron la menor tenía un dolor intenso en la espalda que no le permitía moverse.

Al levantarle la remera observó un golpe con la forma de la hebilla de un cinturón y fue el pediatra la que la animó a denunciar lo sucedido. Luego la niña confirmó que había sido golpeada ante una psicóloga, y la causa fue elevada a juicio. Sin embargo, lleva dos años demorada en la Cámara de Apelaciones.

El intendente de Pomán, Francisco Gordillo, busca en octubre lograr su séptimo mandato. A fines de marzo de este año denunciado por amenazas y violencia por su ex esposa, Gloria Rodríguez, quien dijo que Gordillo la quiso echar del pueblo “porque le arruinaba la imagen”. Un mes después, fue imputado por “lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género” y llamado a indagatoria, pero abstuvo de prestar declaración ante el fiscal, y su abogada presentó una oposición a la imputación por considerarla "arbitraria”.

Gordillo, además, tendrá una elección particular en este octubre porque enfrentará a Nicolás Gordillo, su hijo, quien quiere ser candidato por el sello de La Libertad Avanza.

Además del respaldo del oficialismo que les permite la candidatura, el factor común entre estos tres intendentes es el contundente triunfo que obtuvieron en las elecciones primarias, que los encamina a ser reelectos en la próxima elección.

La oposición es crítica de estas postulaciones, teniendo en cuenta el antecedente del intendente radical Enrique Aybar, de Puerta de Corral Quemado, que fue denunciado por abuso sexual y estando al frente del Municipio recibió una condena que lo envió al Penal. Desde entonces, se exigen gestos ante este tipo de denuncias que nunca llegan. Y hasta que la Justicia no se expida, gozarán del principio de inocencia.