El Poder Ejecutivo había solicitado la readecuación del presupuesto en función de las pautas presupuestarias de Nación. La Corte se negó a modificarlo y el Gobierno decidió elevarlo a la Legislatura, donde tiene mayoría, para que realicen la poda.

La iniciativa elevada por el Poder Judicial contempla una cifra de 68.842 millones de pesos, un 211 por ciento más que los 22.140 millones de pesos que habían previsto para este año, de los cuales luego les recortaron 5.200 millones.

Al encuentro asistieron la presidenta de la Corte, Fernanda Rosales, las ministras Fabiana Gómez, Verónica Saldaño y los ministros Hernán Martel y Miguel Figueroa Vicario, quienes estuvieron acompañados por el secretario Contable del Poder Judicial, Pablo Rachid.

Según trascendió, el bloque opositor se limitó a mirar el fuerte cruce entre el oficialismo de la Corte y el de la Cámara de Diputados, pero estarían dispuestos a acompañar el recorte.

Los ministros de la Corte reiteraron su reclamo por el cálculo de la inflación que contempla el proyecto del Ejecutivo. Ratificaron que a esta altura del año no tienen fondos para pagar sueldos y se ven obligados a tener que pedirle al Ejecutivo, comprometiendo así su independencia.

La Comisión de Hacienda continuará el lunes con el análisis de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo.

Fundamentos

La presidenta de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales Andreotti, insistió en que el Presupuesto del Poder no debería ser readecuado y aseguró que "los pedidos realizados surgen de escuchar las necesidades para mejorar el servicio de justicia y para sostener lo que ya venimos haciendo”.

“De lo contrario, que la Legislatura exprese los motivos por los que establece una u otra preferencia en relación con los gastos que tiene que hacer el Estado provincial en sus tres poderes”, expresó.

“El Poder Judicial cuenta con 2.070 empleados que trabajan en distintos turnos desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre. Desde el Juzgado de Paz de Antofagasta de la Sierra hasta el Juzgado de Paz de Icaño compartimos la preocupación de los trabajadores y esperamos que el presupuesto se analice como corresponde. Creemos que el ajuste no debe pasar por los trabajadores, estamos trabajando con lo mínimo indispensable. Los defensores, fiscales y jueces casi en su totalidad nos expresan los problemas de la falta de personal. Además, es un personal que tiene más incompatibilidades que en otros poderes del Estado”, analizó.

Por otra parte, la presidenta de la Corte evitó opinar sobre el proyecto de Tope Salarial que propone el Ejecutivo para no adelantar opinión ante una eventual presentación. Sin embargo, explicó que, en términos generales, “la equidad es la igualdad entre los iguales” y que hay un principio del derecho que establece que “a igual remuneración, igual tarea”. “Cuando hacemos comparaciones, debemos hacerlas con todas las aristas y aspectos de lo que vamos a comparar. No es bueno enfrentar a los trabajadores con otros gobernadores”, expresó.